La agenda agropecuaria en Argentina busca ganar protagonismo dentro del Congreso de la Nación. Recientemente, un proyecto de ley diseñado para agravar las penas por vandalismo rural ha obtenido dictamen favorable en la Cámara de Diputados, lo que lo deja listo para su discusión en el recinto.
Este proyecto ha sido promovido por los diputados Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado del PRO, quienes lograron el apoyo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, sumando un total de 41 firmas de respaldo.
La Fundación Barbechando, que se dedica a monitorear temas agropecuarios en el Congreso, explicó que en la Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se abordó una reforma al Código Penal, que considera el ingreso no autorizado a predios rurales como un delito, dejando de ser una contravención.
Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto, afirmó que es esencial revisar la perspectiva urbanística del Código Penal, que ha dejado desprotegido al interior del país. Resaltó que este avance representa un paso significativo para la protección de las familias que habitan en el campo.
El proyecto estipula que los delitos de intrusión rural conllevan penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes accedan sin autorización a terrenos rurales delimitados, mientras que el daño agravado por destruir cultivos o infraestructura productiva podría resultar en penas de 2 a 8 años de prisión y multas significativas.
Desde Barbechando enfatizan que la afectación de estos daños no debe ser evaluada solo en términos económicos, sino también en relación con su impacto en el sistema productivo del país. Se destaca la desigualdad en la protección de propiedades rurales en comparación con las urbanas, donde se reconoce el principio de inviolabilidad del domicilio.
El marco legal actual no ofrece la misma protección a las propiedades rurales, a pesar de que cumplen una función similar en la delimitación de espacios privados para la producción y la vivienda. Además, las condiciones estructurales del entorno rural, como la lejanía de fuerzas de seguridad y la falta de infraestructura adecuada, agravan esta situación.
La Fundación Barbechando subraya que cada región presenta desafíos únicos en términos de infraestructura y acceso a seguridad, lo que complica aún más la situación de los productores rurales.
El mensaje final es claro: el campo no debe ser considerado tierra de nadie. Es necesario establecer un marco normativo que brinde seguridad a los productores y apoye el desarrollo rural, buscando así una solución a largo plazo frente a los actos de vandalismo en el sector agropecuario.
Fuente: Info Campo
