El senador Pablo Petrecca impulsa un proyecto para restringir el uso de teléfonos móviles en prisiones y evitar delitos como extorsiones y estafas desde el interior del sistema penitenciario.
El senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazar el actual esquema de comunicación por un sistema institucional, supervisado y con respaldo legal.
La iniciativa apunta a modificar el régimen vigente desde 2020, implementado durante la pandemia, que actualmente permite las comunicaciones digitales de cerca de 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense sin una normativa específica ni control legislativo.
“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos”, sostuvo el legislador, al advertir sobre extorsiones, amenazas y estafas organizadas desde el interior de las unidades penitenciarias.
Un nuevo sistema de comunicación bajo control del Estado
El proyecto establece la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma que reemplazaría el uso de dispositivos móviles personales.
Este sistema funcionaría en una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, permitiendo únicamente comunicaciones con contactos previamente autorizados y bajo monitoreo estatal.
Además, la propuesta contempla que la tenencia de celulares privados pase a ser considerada una falta grave, con posibles consecuencias en beneficios como salidas transitorias o libertad asistida.
Del protocolo de emergencia a una política pública permanente
Según explicó Petrecca, el objetivo es transformar un esquema excepcional en una política estructural:
“No se elimina la comunicación, se ordena y se pone bajo control del Estado”, afirmó.
El proyecto prevé una implementación gradual, con la derogación progresiva del protocolo vigente, garantizando la continuidad de las comunicaciones, pero bajo nuevas reglas claras.
Más control, transparencia y herramientas tecnológicas
La iniciativa incorpora mecanismos que buscan reforzar la seguridad y la supervisión del sistema penitenciario, entre ellos:
- Informes anuales a la Legislatura
- Control judicial de restricciones con revisión en 48 horas
- Seguimiento institucional permanente
- Convenios con operadoras para bloquear celulares por IMEI dentro de las cárceles
Este enfoque apunta a reemplazar un esquema informal por un modelo basado en trazabilidad, control estatal y cooperación tecnológica.
Seguridad pública y derechos: el eje del debate
El senador remarcó que el proyecto busca equilibrar la seguridad pública con los derechos de las personas privadas de la libertad:
“Conservan sus derechos, pero el Estado debe establecer reglas cuando está en juego la seguridad de terceros”.
En ese sentido, el texto también incluye un apartado específico para el sistema penal juvenil, con criterios diferenciados y garantías para el derecho a la comunicación.
Un caso que expone la problemática
El proyecto toma relevancia a partir de hechos recientes que evidencian el problema. Uno de ellos es el caso de Rodrigo Andrés Gómez, cuya muerte derivó en una investigación sobre una red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses.
Según información oficial, la organización captaba víctimas mediante perfiles falsos y realizaba maniobras extorsivas, parte de ellas coordinadas desde una unidad penitenciaria.
Este episodio refleja una problemática estructural: la falta de control sobre las comunicaciones en contextos de encierro puede convertir a las cárceles en centros de operaciones delictivas.
