Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y modifica los lineamientos de la Ley 22.278, vigente desde la década de 1980.
Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de que los adolescentes sean juzgados por delitos cometidos a partir de los 14 años, mientras que el régimen anterior establecía como referencia los 16 años.
La nueva normativa fue aprobada por el Congreso en febrero y entra en vigencia 180 días después de su promulgación. De acuerdo con sus fundamentos, el objetivo del régimen es fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social.
Qué establece el nuevo régimen penal juvenil
La Ley 27.801 contempla que los adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser sometidos a un proceso penal por los delitos alcanzados por la normativa, con penas que pueden llegar hasta los 15 años, según las circunstancias y características del delito.
La norma también establece la responsabilidad civil de padres o tutores por los ilícitos cometidos por los menores bajo su responsabilidad.
Al mismo tiempo, se mantiene la prohibición de difundir información que permita identificar a los adolescentes imputados. Esto incluye nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, fotografías y otros datos identificatorios.
Dónde serán alojados los adolescentes detenidos
Los jóvenes que sean detenidos deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores de edad, sin compartir alojamiento con personas adultas.
El nuevo régimen también contempla el acceso a diferentes programas durante el cumplimiento de las medidas o penas. Entre ellos se encuentran propuestas destinadas a finalizar los estudios obligatorios, formación ciudadana, capacitación laboral y actividades deportivas.
Cuáles son las nuevas penas y medidas
El régimen incorpora distintas alternativas y sanciones que pueden ser aplicadas a los adolescentes, de acuerdo con cada caso.
Entre ellas se encuentran:
- Amonestaciones.
- Prohibición de contacto o de aproximación a la víctima, su familia u otras personas.
- Prohibición de conducir vehículos.
- Prohibición de concurrir a determinados establecimientos o espectáculos, incluidos los deportivos, musicales y culturales.
- Prohibición de salir del país o del lugar de residencia.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Monitoreo electrónico mediante rastreador.
- Reparación integral del daño ocasionado a la víctima.
- Penas privativas de libertad en el domicilio.
- Cumplimiento de la pena en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.
Cuándo puede evitarse la prisión
La ley también contempla determinadas situaciones en las que puede evitarse una pena de prisión.
Según la información proporcionada, una de las posibilidades se presenta cuando la pena no supera los tres años.
También puede aplicarse una alternativa cuando la pena se ubica entre 3 y 10 años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima, no haya implicado una grave violencia física o psíquica contra personas y el adolescente no registre otras condenas o procesos en curso.
Además, cuando el joven haya cumplido dos tercios de la pena en detención y reúna las condiciones previstas en el Código Penal para acceder a la libertad condicional, podrá continuar cumpliendo la sentencia mediante otra de las penas previstas por el régimen.
Sin embargo, si existe un incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez deberá reemplazarla por otra de mayor severidad.
El nuevo régimen busca establecer un sistema específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, combinando la responsabilidad por los delitos cometidos con medidas orientadas a su educación, resocialización e integración social.
