En el mes de julio, el país recibió cerca de U$S 3.000 millones por exportaciones de granos y subproductos, una cifra que, aunque inferior al año anterior, muestra un ritmo de liquidación de divisas considerable. Sin embargo, este flujo podría verse interrumpido abruptamente debido a un conflicto sindical que ha paralizado por completo los puertos exportadores argentinos.
La controversia se centra en un decreto emitido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que introduce cambios en los servicios de practicaje y baquía, esenciales para las operaciones portuarias. Ante esto, el gremio de los prácticos, aunque reducido en afiliados, ha decidido llevar a cabo un paro total de actividades, lo que ha generado una situación de gran incertidumbre.
Las empresas agroexportadoras se encuentran en estado de alerta, ya que los buques están quedando varados tanto en las terminales como en el río, lo que podría resultar en pérdidas multimillonarias para la economía nacional. Un vocero del sector comentó: «El comercio exterior está totalmente paralizado debido a la decisión de los prácticos de no brindar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos».
La protesta se origina en el rechazo al decreto 690/26, que los prácticos consideran que pone en riesgo la seguridad de navegación. A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento, ninguna agencia del gobierno ha tomado medidas efectivas para resolver el conflicto, y solo la Prefectura Naval ha instado a los trabajadores a retomar sus actividades sin éxito.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos de la Marina Mercante, que lidera la protesta, ha señalado tres áreas críticas que se verían afectadas por la nueva normativa: la desregulación del servicio de baquía, un nuevo reglamento de practicaje que exime a buques menores de ciertos requisitos y modificaciones en la titulación y habilitación de los profesionales del sector.
El gremio ha manifestado su intención de llevar a cabo acciones judiciales para frenar el decreto, al tiempo que busca coordinar esfuerzos con otras entidades del sector para crear una estrategia de lucha unificada. En un comunicado, afirmaron: «Defenderemos con firmeza cada puesto de trabajo y la dignidad de los Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Patria».
Fuente: Info Campo
