La Justicia bonaerense detuvo a nueve efectivos policiales acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada al cobro ilegal de dinero a transportistas y automovilistas durante operativos viales en el norte de la provincia.
Un nuevo caso de presunta corrupción policial sacude a la provincia de Buenos Aires. La Justicia investiga una supuesta red de coimas dentro de la Policía Vial de Colón, donde nueve efectivos fueron detenidos acusados de exigir dinero a conductores y transportistas durante controles realizados sobre la Ruta Nacional 8.
La causa es encabezada por la fiscal de Colón, Magdalena Brandt, quien sostiene que los imputados habrían montado un mecanismo ilegal para obtener pagos a cambio de evitar infracciones, secuestros de vehículos o causas judiciales. Entre los detenidos se encuentra el entonces jefe del Destacamento Vial de Colón, señalado como presunto organizador de la maniobra.
Según la investigación, el sistema habría funcionado entre enero de 2024 y noviembre de 2025, utilizando principalmente transferencias bancarias y billeteras virtuales para concretar los pagos ilegales. La pesquisa detectó más de 300 operaciones sospechosas, además de movimientos millonarios entre cuentas vinculadas a los acusados.
De acuerdo a la acusación judicial, durante los operativos los efectivos amenazaban a camioneros y automovilistas con aplicar multas, retener documentación o iniciar actuaciones penales. Frente a esa situación, ofrecían “solucionar” el problema a cambio de dinero.
Uno de los puntos centrales del expediente es una cuenta bancaria identificada con el alias “pelado.258”, donde presuntamente se recibían las transferencias realizadas por las víctimas. Luego, esos fondos habrían sido redistribuidos entre distintos integrantes de la estructura investigada.
La fiscalía también incorporó informes bancarios, registros telefónicos, reportes de billeteras virtuales y testimonios de presuntas víctimas. Entre los hechos investigados aparece el caso de un camionero al que le habrían exigido inicialmente 27 millones de pesos para evitar sanciones, aunque finalmente terminó abonando una suma menor mediante transferencias electrónicas.
Los efectivos enfrentan cargos por exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La Justicia además ordenó allanamientos en dependencias policiales y domicilios particulares vinculados con los imputados.
El caso genera fuerte repercusión debido a que pone bajo la lupa el funcionamiento de los controles viales en uno de los corredores más transitados del país y vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
Fuente: www.laopinionline.ar
